¿Avances hacia la igualdad?: la violencia de género sigue siendo un instituidor de la sociedad española

La violencia de género es un elemento instituidor de nuestra sociedad actual, y, por tanto, no es posible avanzar hacia una verdadera igualdad de género mientras tal hecho siga siendo una realidad, en tanto y cuanto la sociedad no podría funcionar de la manera que lo hace si la desigualdad de género no estuviera presente, lo que se expresa en forma de una paradoja sociológica, consecuencia del conflicto de género existente: las leyes y las políticas de igualdad han evolucionado hacia la igualdad de género, pero ello, en muchas ocasiones, no ha servido más que para enmascarar una realidad social donde las desigualdades de género, hoy como ayer, siguen siendo predominantes.

Esto es, si bien es cierto que las diferentes leyes de igualdad, o relacionadas con aspectos socio/culturales fundamentales para el impulso de la misma, aparecidas en el estado español durante estos últimos 40 años han conseguido abrir nuevos espacios para el desarrollo social, cultural, laboral, económico, humano, emocional e identitario de las mujeres, tales políticas no siempre se han visto acompañadas por un impulso real de la igualdad en aquellos ámbitos de la vida social o familiar donde las mujeres tradicionalmente habían sufrido mayores grados de discriminación, dificultando dicho desarrollo. Cierto es que tales leyes, así como algunos cambios ocurridos a nivel socio/cultural e ideológico, han permitido transformar casi por completo el papel de la mujer de cara a su integración en el conjunto de las estructuras sociales existentes, permitiendo y haciendo efectiva una mayor presencia de ésta en el ámbito público, pero no por ello esto ha conseguido sacarlas de sus roles tradicionales, en muchos casos, en el ámbito de la familia, así como promover una igualdad real en tal espacio público. Las mujeres, pese a la transformación de su papel en la vida social española, se siguen viendo marginadas en muchos de aquellos mismos espacios donde tradicionalmente tal sociedad había hecho posible que se fundamentase la discriminación hacia las mujeres, ahora expresado además desde la doble perspectiva público-privada.

Avanzar hacia la igualdad, pues, no es conseguir igualdad, es solo eso: avanzar hacia ella. Porque cuando esos avances se entienden en sí mismos como cambios reales en materia de igualdad, como logros reales que expresan transformaciones reales que acaban con el conflicto de género y generan verdadera igualdad, volvemos al origen del problema, al punto de inicio: no hay entonces ni avances ni cambios.

Es un eterno retorno a la situación de partida, una pescadilla que se muerde la cola. Es considerar como evolución social hacia la igualdad lo que son simples transformaciones en el papel de la mujer dentro de tal sociedad. El cambio social, entendido como transformación real de la sociedad, no es eso: es otra cosa muy diferente, en ocasiones casi antagónica. En estas últimas décadas no ha habido un cambio social real en relación a la igualdad de género, sino simples transformaciones en el papel social de la mujer.

Es fundamental señalar este hecho, para que, con ello, no tengamos que volver eternamente al punto de inicio. Solo entonces podremos seguir avanzando, desde lo ya avanzando con estas transformaciones, para llegar algún día hacia el verdadero cambio social: hacia la verdadera y real igualdad en materia de relaciones de género.

Es más, en muchas ocasiones es la propia forma en la que se han desarrollado estas transformaciones la que tiene una incidencia directa sobre la perpetuación de la discriminación de género en aquellos espacios donde se venían dando ya desde antes de la existencia de tales transformaciones, actuando, de facto, como impedimentos para que, siquiera a largo plazo, se pueda avanzar en esta pretendida y buscada igualdad.

Por ejemplo, las mujeres siguen asumiendo más de 2/3 del total de trabajo doméstico. No podemos decir que eso sea, precisamente, muestra de un avance real en la desigualdad de género. Fundamente cuando se conoce que dicho trabajo suponía en 2010 un 23% más, en horas de dedicación, que el empleo remunerado y seguía siendo una actividad concentrada en las mujeres, que aportaban más de dos tercios del tiempo dedicado. Es decir, los avances en materia de igualdad de género que han tenido lugar como consecuencia de la incorporación al mercado de trabajo y otros factores similares, en muchas ocasiones no solo no han logrado generar un verdadero cambio social en esta materia, sino que han generado una mayor desigualdad, en tanto que se ha aumentado su carga de trabajo global, y ahora a su trabajo nunca dejado en el seno del hogar, ha de sumar también su trabajo fuera del mismo, en tanto este último no se ha visto compensado por el suficiente apoyo del hombre en la realización del primero.

Brecha salarial, valorización del trabajo y feminización de la pobreza

Ser mujer además, como ya sabemos, es sinónimo de cobrar menos. Concretamente, entre un 14% y un 30% menos del salario total, según diferentes estudios, de diverso signo, realizados por diferentes organizaciones e instituciones, públicas y privadas, en los últimos años, hecho que, como muestran también tales estudios, sólo es atribuible a factores discriminatorios, y no tiene ninguna otra explicación posible tal como la productividad, la competitividad, el nivel formativo, o cualquier otro tipo de variable “económica” que pudiera ser tomada al respecto. Estas diferencias, además, se han mantenido históricamente en el tiempo, sin que la sociedad ni las autoridades hayan podido corregirlas. Es por lo tanto un hecho persistente todavía sin solución. Tales diferencias salariales se dan además en todos los niveles de salarios, tanto en los más elevados como en lo más bajos, aunque se acentúa a medida que se baja hacia niveles menores en tal escala. Es en este estrato donde la desigualdad en los salarios de hombres y mujeres se acentúa. Ello no se puede separar del hecho de que, a menudo, las mujeres realizan trabajos sensiblemente inferiores a los que por formación les correspondería, en un porcentaje mayor que en el caso de los hombres. Es decir, a menudo las mujeres con estudios universitarios no les afecta el llamado “techo de cristal”, sino que, pese a su nivel formativo, se ven directamente afectadas por el “suelo de cristal”, en tanto que perciben salarios correspondientes a trabajos que requieren un nivel formativo inferior y se encuentran, por tanto, dentro del grupo laboral que sufre una mayor brecha salarial respecto del hombre. En concreto, según la EES, para el año 2011,  la proporción (%) de mujeres en el total de asalariados con ganancia baja se situaba en el 64,10, frente al 35,9 de los hombres. Es decir, casi 30 puntos superior en el caso de las mujeres. Finalmente, según un estudio de CCOO, las mujeres suponen el 69,5% de la población asalariada con ingresos inferiores al SMI, pero solo suponen el 26% de la población que gana más de 8 veces el SMI.

Por otro lado, en lo referido a la relación entre empleo/desempleo, la población ocupada femenina se duplicó entre 1996 y 2008 y alcanzó un máximo de 8,5 millones de mujeres, que ha caído a 8,1 millones en 2010 y hasta 7,9 millones en 2012. La tasa de empleo femenina aumentó desde el 33% en 1996 hasta un máximo del 56% en 2008, y posteriormente ha bajado hasta el 53% en 2010 y el 52% en 2012, frente al 61% entre los hombres. Durante la crisis, los descensos de la población ocupada masculina y de la tasa de ocupación masculina han sido mucho más acusados que los producidos entre las mujeres, lo que ha permitido que se aproximen la cifra de ocupados y ocupadas, y la tasa de ocupación de hombres y mujeres. Con todo, como se puede ver, la tasa sigue siendo superior en casi un 10% para el caso de los hombres, a lo que, si como se expuso antes, hemos de sumar el hecho de que son casi 5 millones las mujeres que estando en edad de trabajar no aspiran a hacerlo (inactivas), frente a los 2,8 millones de hombres, la diferencia entre el acceso al empleo de unos y otras, incluso en un periodo de destrucción masiva de empleo, es clara.

Salarios más bajos, nichos laborales feminizados, mayores dificultades a la hora de acceder a puestos de responsabilidad, trabajos remunerados por debajo de la formación académica de la persona, como hemos visto, son santo y seña de la realidad actual que deben vivir las mujeres en la sociedad española. No es una casualidad, por ejemplo, que, como vimos, las mayores desigualdades de género a nivel de salario se den entre las ocupaciones con menores salarios, donde la brecha salarial entre géneros se hace más evidente. Como tampoco lo es que aquellos trabajos que se han considerado tradicionalmente como trabajos “propios de mujeres” (trabajo doméstico, cuidados, limpieza, etc.), se encuentren entre los sectores que tienen unas retribuciones salariales menos cuantiosas. La concepción que tradicionalmente se ha tenido del empleo femenino como una “ayuda” a la economía familiar, así como la vinculación entre trabajo femenino no remunerado y sectores laborales remunerados en el ámbito de los cuidados o del trabajo doméstico, permiten que la sociedad encuentre un caldo de cultivo propicio para la existencia de tales fenómenos sociales. La existencia de los mencionados “nichos laborales” femeninos es, a fin de cuentas, una consecuencia extrema de lo anterior. Entre unas cosas y otras, la mujer que busca un trabajo se encuentra a menudo con un mercado laboral precario y precarizado, por regla general, con trabajo a jornada parcial y/o estacionales -es lo que se le denomina eufemísticamente como flexibilidad laboral  que representa una buena parte del empleo femenino. La “feminización del trabajo” está así íntimamente relacionada con la “feminización de la pobreza”, es decir, aunque no sólo sean las mujeres las que viven la situación de pobreza, si es cierto que éstas ven en muchas ocasiones limitadas sus posibilidades para no caer o para salir de ella; en tanto que no solo tienen responsabilidades que las mantienen aferradas a su entorno doméstico sino que además las condiciones de trabajo que encuentran fuera del mismo no son las más propicias para evitar escapar de tales situaciones, incluso teniendo un empleo. Ambos conceptos indican la subordinación y desprestigio en el papel que la mujer tiene todavía hoy para nuestra sociedad.

Mientras las tareas del cuidado y el trabajo doméstico se consideren como un tiempo sin valor, perdido, que niegue la existencia del acervo cultural que caracteriza a las mujeres y con ello sus aportaciones,  perpetuando el entramado de violencia cultural que mantiene, también, el ideario de mujer sacrificada por su familia y su casa, añadido a una cultura en la que la ambición y la competitividad están por encima de todo valor social, que proporciona reconocimiento; ocasiona que ésta violencia cultural termine por socavar el tiempo de cuidado. De esta manera, la mujer sigue teniendo que cargar con el trabajo doméstico, a una misma vez que los hombres no encuentran motivaciones, y mucho menos obligaciones, que les empujen a implicarse activamente en el desarrollo de estas laborales no remuneradas. El trabajo doméstico sigue siendo considerado como algo propio de mujeres, y, aunque oficialmente tal discurso pueda parecer retrógrado, en la práctica sigue estando plenamente vigente, tal y como demuestran los estudios al respecto, especialmente aquellos sobre el uso del tiempo.

Hace apenas unas décadas, las mujeres asumían el 100% de las tareas domésticas. Hoy la cifra se sigue manteniendo en torno al 70%. Datos del Instituto de la Mujer de 2001 indicaban que durante la década anterior no se había avanzado prácticamente nada: los hombres dedicaban para ese 2001 3 horas y 10 minutos diarios al trabajo doméstico, apenas una más que en 1993, y las mujeres 7 horas y 20 minutos, 40 minutos menos que entonces. La Encuesta de Uso del Tiempo de 2002-2003, por su parte, nos indicaba que, aunque haya habido importantes avances hacia la igualdad en la esfera pública, dentro de los hogares las mujeres seguían dedicando más tiempo que los hombres a las tareas domésticas: 84 por ciento de las mujeres cocinaban a diario, el 71 por ciento limpiaba; mientras que para los hombres estos porcentajes son inferiores: solo el 44 por ciento cocinaba regularmente y el 28 por ciento llevaba a cabo tareas relacionadas con la limpieza. En cuanto al tiempo total invertido, la media de las mujeres dedicaba unas 5 horas al día a tareas del hogar; las que reciben ayuda externa, una hora menos, y tales diferencias se daban tanto en las parejas casadas, como en las parejas cohabitantes, e incluso se observan diferencias en el tiempo empleado entre hombres y mujeres al comparar parejas homosexuales de uno y otro sexo.

Pero, más allá de estos datos, existe algo que nos puede servir perfectamente para entender la situación en la que ya en aquel tiempo, al igual que hoy en día, se encontraban las mujeres en relación al trabajo doméstico: no es solo que deban ser las mujeres las que realicen casi en exclusividad tal trabajo, es que es algo sobre lo que prácticamente no se podía ni discutir en el seno de las parejas, es decir, es algo que “es así porque debe ser así” y no hay discusión posible.  Para 2003, por ejemplo, según un estudio de la Comunidad de Madrid sobre las “Nuevas Familias” apenas un 23% de parejas admitían dialogar sobre estas cuestiones, y en ninguna franja de edad se superaba el 30%.

Por otro lado, es en las familias más pobres, generalmente, donde la carga del sustento familiar, tanto económica como emocional, recae sobre las mujeres; al contrario de lo que suele ocurrir en las clases más altas que es función del hombre o suele ser compartido, y donde, además, suelen tener personas contratadas (casi siempre mujeres) para que cumplan con estas funciones, cuando los integrantes de la familia no pueden o no quieren hacerlo. Son más vulnerables aún mujeres a la cabeza de familias monoparentales o que se encuentran excluidas por razones de discapacidad, edad, étnicas, etc.

Además, cuando, como ocurre en estos momentos, el Estado abandona su papel de redistribuidor de recursos y lo pone al servicio del mercado, cuando el estado proveedor abandona su papel de proveedor determinados servicios sociales y estos acaban por recaer nuevamente en las familias, son las mujeres las que, como se está viendo, y ya se expuso antes el motivo, vuelven a tener que hacerse cargo de estas tareas no remuneradas dentro del hogar familiar y, con ello, son obligadas a no disponer de suficiente tiempo como para desempeñar un trabajo a tiempo completo, con la consecuente incapacidad que ello genera para poder recibir unos ingresos elevados, condenándolas así a la pobreza.

El término “feminización de la pobreza” no se reduce, pues, exclusivamente a la diferencia que separa en puntos porcentuales la pobreza de uno y otro género, sino que lleva implícito en el concepto de género una tendencia que predisponga a caer en la pobreza. La vulnerabilidad de la mujer a caer en las garras de la pobreza está condicionada por unos aspectos que le atañen por pertenecer al género que se considera subordinado: abnegada dedicación a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, discriminación laboral y salarial, son mayoría en el sector laboral informal con todo lo que ello ocasiona, los recortes sociales inciden sobre la mujer y los familiares de los que se responsabiliza; lo que aumenta aún más las dificultades de autonomía e independencia económica y, por norma, son ellas las que corren a cargo de los hijos e hijas, contando con menor tiempo para el desarrollo de otras actividades. La feminización de la pobreza encuentra su base en todos estos factores de género.

En España tal fenómeno está demostrado por diferentes estudios realizados durante las últimas dos décadas. En el caso de las mujeres de mayor edad, esta situación de pobreza está condicionada por la baja cuantía de las pensiones que reciben (ya sean contributivas o no contributivas), y ello, a su vez, no es otra cosa que el reflejo de las condiciones laborales y/o familiares en las que han vivido estas personas, ya sea porque al trabajar de forma no remunerada dentro del hogar y no haber tenido la opción de hacerlo fuera no han conseguido cotizar nada, bien porque han desempeñado trabajos remunerados en los que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y, por tanto, tampoco cotizaban, bien porque, cuando han cotizado, sus ingresos han sido menores que los de los hombres y, en consecuencia, su pensión contributiva también lo es. Todo ello adquiere mayor significación si tenemos en cuenta que, tal y como exponen diferentes informes de la OIT, la OCDE y la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer de la ONU, el trabajo doméstico no remunerado supone entre un 25 y un 40 por ciento de la riqueza creada -pero no reconocida- en los países industrializados. El trabajo doméstico mantiene el resto de la economía, al dar servicios gratuitos, de los cuales depende gran parte de la población. Sin embargo, ello no da derecho a ningún tipo de compensación directa y mucho menos, salvo en contados países –como por ejemplo ocurre con el reconocimiento explícito en la constitución de Venezuela-, da derecho a pensión. La invisibilización de esta desigualdad estructural ignora la aportación fundamental, y gratuita, de este tipo de trabajo para la reproducción social y, en concreto, de la “población activa”. Al hacerlo no otorga recompensas ni derechos a quienes asumen dichas tareas y, además, perpetúan sus dificultades para incorporarse en condiciones de igualdad a otras esferas de la vida social. Esto se refleja claramente, como decimos, en la cuantía de las pensiones a la que tienen derecho las mujeres en edad de jubilación.

En el conjunto de la UE, por ejemplo, un estudio realizado por la Comisión Europea en el año 2012 ponía de manifiesto que las pensiones de las mujeres son más bajas de media un 39% que las de los hombres, y en el caso de España serían, en concreto, 34% menores.  Curiosamente –o no tanto-, el estudio señala también que esta diferencia se incrementa si la mujer está casada o tiene hijos –mientras que el caso de las mujeres solteras disminuye hasta un 17%-, y no solo eso, sino que, en la mayoría de los casos, esta diferencia aumenta en función del número de hijos que tenga cada mujer. Es decir, en todos los casos las pensiones de las mujeres son menores, pero en el caso de aquellas mujeres casadas o con hijos que han dedicado su vida al cuidado de éstos, estas diferencias son todavía mucho más graves.

Violencia de género directa: datos y espacios de referencia

Con todo lo dicho hasta el momento, sería ya suficiente para demostrar que la violencia de género, expresada como violencia estructural, cultural y simbólica, sigue siendo un grave problema en nuestra sociedad, así como que la mujer, pese a todos los avances y cambios que se han dado en su forma de vida y en su camino hacia la emancipación, sigue siendo el género sobre el cual sigue existiendo una discriminación directa que se manifiesta a través de diferentes aspectos, ya sea en el ámbito familiar/privado, ya sea el ámbito laboral/público. No obstante, si hay algo que puede mostrar con toda claridad la existencia de esta discriminación de género de la que es víctima la mujer todavía hoy, eso es, sin duda, la pervivencia en nuestra sociedad de altos niveles de violencia de género directa.

Un total de 814 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que se dispone de datos, el 1 de enero de 2003, hasta la actualidad. En lo que va de año, 48 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, aunque hay tres casos en investigación, y 44 menores han quedado huérfanos por esta lacra, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Así, por ejemplo, en el año 2014, según los datos oficiales suministrados por el INE, en el estado español murieron a manos de sus parejas o exparejas 54 mujeres. Según relación entre la víctima y el agresor, en 38 casos eran pareja (cónyuges, compañeros sentimentales o novios) y en 16 casos eran expareja o estaban en fase de ruptura. Los porcentajes de una y otra circunstancia representan, respectivamente, el 66,7% y 33,3%.La víctima y el autor convivían en el momento del homicidio en 36 casos (el 66,7% del total) y no había convivencia entre ambos en 18 casos (33,3%). Si nos vamos unos años atrás, por ejemplo 2011, y analizados los datos de manera más general, es decir, englobando todos los casos de violencia directa reconocidos por el INE independientemente de acabar con el asesinato de la mujer o no, en 2011 un total de 32.242 sufrieron violencia machista.  En el 28,4% de los casos, la víctima estaba casada con su agresor; en el 24% era pareja de hecho; en el 20,7, era expareja de hecho; en el 10,7% era exnovia; en el 7,2 era exconyuge, y en el 7,1% era novia del agresor. Además, en el 1,9% de los casos víctima y agresor se encontraban en proceso de separación. Por supuesto, estos datos de 2012 y 2011 no son ninguna excepción, sino que, más allá de cifras concretas, son la norma: la violencia de género directa encuentra en las relaciones de tipo familiar y/o sentimental, especialmente en el seno del hogar, su principal escenario de reproducción y ejecución social.

Por otro lado, en el estado español se producen de media al día, tomando en consideración los datos aportados por el Ministerio de Interior desde 1997 a 2009, 17,5 agresiones contra la libertad sexual de la mujer, con picos anuales que oscilan entre los 7601 de 2008 y los 5647 de 1997. De los cuales, un porcentaje que varía entre el 15 y el 25% según el año, se dan el interior de los propios hogares, no bajando la cifra de los 1000 casos en ningún año, es decir, de un mínimo de 2,8 casos por día. Teniendo en cuenta que, según afirman las propias instituciones públicas responsables de contabilizar estos sucesos, en la mayoría de casos dados en el interior del hogar no existen denuncia al respecto, son cifras a tener muy en cuenta.

En lo referido al acoso sexual en el trabajo, un estudio presentado por el Instituto de la Mujer en 2006, aseguraba que un 10% de las mujeres trabajadoras habían sufrido, durante el año anterior, algún tipo de acoso sexual en sus puestos de trabajo. El estudio diferenciaba tres tipos de acoso: leve (chistes de contenido sexual, piropos o comentarios picantes, una petición reiterada de citas, un acercamiento excesivo, o gestos y miradas insinuantes), grave (hacer preguntas sobre la vida sexual, hacer insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones sexuales sin presionar, o presionar tras la ruptura sentimental con un compañero) y muy grave (abrazos o besos no deseados, tocamientos, acorralamientos, presiones para obtener sexo a cambio de prebendas o amenazas, o asalto sexual). Teniendo en cuenta que para el año 2005 la EPA reconocía la existencia de 8.425.000 trabajadoras, según este estudio 1.310.000 mujeres habrían sido víctimas de alguno de estos abusos.

Cabe señalar que los “factores de riesgo” que inciden sobre este tipo de comportamientos de acoso, demuestran plenamente lo muy presente que sigue estando la violencia machista y la presión violenta del patriarcado en la vida de las mujeres. Según diferentes estudios, la edad es un factor influyente (las mujeres más jóvenes sufrirían más situaciones de acoso). Otro factor de riesgo principal es estar separada o divorciada, duplicándose la posibilidad de sufrir acoso frente a las solteras (y triplicándose en relación con las mujeres casadas). Y otro factor de riesgo es carecer de contrato. La precariedad laboral expresada en la falta de contrato multiplica las situaciones de acoso, hasta alcanzar el 27% (frente al 18% de media). Así, se pone una vez más de manifiesto la relación establecida entre la violencia cultural y estructural que afecta a la mujer y la violencia directa. Una mujer separada o soltera se tiende a ver, en determinados círculos, como una mujer “desvalida”, es decir, que no cuenta con la “protección” de un hombre, y, por ello, una mujer a la que se la puede acosar sin que nadie venga en su defensa. Igualmente, el hecho de ser separada puede incidir también en la idea de ser una mujer “necesitada”, es decir, una mujer que, tras haber compartido su vida con un hombre y haber mantenido relaciones con él, estaría ahora a la espera de mantener nuevas relaciones con otros hombres, pues el imaginario colectivo sigue condenando en mayor medida a la mujer separada que al hombre, responsabilizándola de su situación. Por otro lado, los altos índices de precariedad laboral en los que, como vimos, se mueven las mujeres, tiene también una incidencia directa en la aparición de este tipo de conductas.

¿Avances hacia la igualdad? 

En definitiva, atendiendo a todos estos datos y argumentos, podemos ver como la violencia de género se encuentra plenamente extendida en nuestra sociedad, ya sea en su vertiente estructural, cultural y simbólica, ya sea en su vertiente directa. Es un problema gravísimo que afecta cada día a la totalidad de mujeres que habitan actualmente en la sociedad española, cada cual, eso sí, desde su propia realidad individual, condicionada a su vez por otros tipos de elementos estructurales y socio-culturales como pueden ser la clase social, las cuestiones étnicas, el nivel formativo, las relaciones familiares y laborales en las que se vea inserta, etc. Si bien habitualmente tal violencia se identifica, fundamentalmente a través de los grandes medios de comunicación, casi en exclusividad con la violencia directa, lo cierto es que ésta no es más que el resultado final –trágico y dramático- de todo el entramado de violencia estructural, cultural y simbólica que caracteriza a nuestra sociedad desde sus mismas bases históricas, políticas, culturales y económicas, y, por ello, podemos hablar de la existencia de una violencia de género que tiene carácter hegemónico e instituyente, en tanto que está inserta en la vida cotidiana de diferentes maneras, y es reproducida sistemáticamente por todo el entramado de relaciones personales, laborales, sociales y simbólicas en los que se ven insertas las mujeres de nuestros días, fundamentalmente en aquellos espacios socio/culturales donde esta violencia ha existido tradicionalmente. Así, a este respecto, los avances en materia de igualdad de género son apenas imperceptibles, si por avanzar entendemos el hecho real de que se hayan producido cambios efectivos y eficientes en la situación de desigualdad.

Es posible que hayan mutado las formas de esta violencia y que, en algunos casos, exista mayor concienciación social al respecto, pero, en general, sigue existiendo una amplia mayoría social que se niega a reconocer la existencia generalizada de esta violencia y, por tanto, que la legitima cotidianamente. Tal hecho nos parece, sin duda, la más evidente demostración de la no existencia de un verdadero cambio social en materia de igualdad de género, en tanto que su carácter hegemónico pone de manifiesto que queda todavía mucho camino por recorrer para, siquiera, poder aspirar de manera real al mismo.

Mientras la violencia de género siga siendo santo y seña de la sociedad, factor instituyente, seguirán siendo la totalidad de las mujeres las que, de una u otra manera, se vean afectadas por ello y, por tanto, seguiremos viviendo en una sociedad donde ser mujer no solo es muestra de discriminación y opresión, sino que es también signo de ser cotidianamente violentada, y no puede haber nada más alejado de la libertad y la emancipación de un ser humano que enfrentarse cada día a tal situación.

Así, tal y como está concebida la sociedad actual, tal y como se ha desarrollado en las últimas décadas y se sigue desarrollando en la actualidad, la violencia de género no solo es que esté presente en la vida de las mujeres prácticamente cada segundo de sus vidas de una manera o de otra, es que la propia sociedad se ha instituido y se ha desarrollado sobre la violencia de género. Nuestra sociedad, ya decimos, no podría funcionar, de la forma que lo hace, sin la existencia de esta violencia cotidiana y sistemática sobre las mujeres. Por tanto, mientras la violencia de género siga siendo un problema de alcance global, mientras sea un instituidor social que determine el funcionamiento normal de la sociedad actual, no se podrá hablar jamás de un verdadero avance hacia la igualdad de género, y, en consecuencia, de un verdadero cambio social.

Podremos seguir hablando de transformaciones, sí, pero no de cambio social real y efectivo, y ello porque, como decimos, muchas de estas transformaciones, al no haberse visto acompañadas por un cambio cultural y estructural global, en ocasiones no hacen más que aumentar la situación de discriminación y de desigualdad en la que, a día de hoy, siguen viviendo las mujeres en el estado español.

La mujer, pues, no ha conseguido apoderarse plenamente de los potenciales beneficios sociales que ella misma ha generado a través de su papel central como agente del cambio social y familiar. Siendo agente del cambio global, no ha conseguido aún ser agente del cambio en los roles de género dentro de sus propias relaciones familiares y laborales en vinculación con los hombres. Ya va siendo hora de que esto cambie, cambiar de verdad.

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